El proceso de certificación municipal en agua potable y saneamiento básico

Diego Armando Barrera Ayala

Resumen


El artículo hace una aproximación a la temática de la certificación en Agua Potable y Saneamiento Básico, especialmente a los puntos que la Ley 1176 de 2007 ha establecido para que las entidades territoriales puedan certificarse.

Se exponen, además, los criterios y el régimen de transición o provisional que se ha contemplado por parte del legislador para realizar la distribución de los recursos, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las funciones de los entes territoriales y potenciar una distribución de recursos más consistente con las necesidades locales en agua potable y saneamiento básico.


Palabras clave


Certificación, agua potable y saneamiento básico, criterios de distribución, municipios.

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Normas relacionadas:

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Decreto 565 de 1996, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos del orden departamental, municipal y distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Decreto 849 de 2002, por el cual se reglamenta el artículo 78 de la Ley 715 de 2001.

Decreto 1843 de 1991, por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.

Decreto 1013 de 2005, por el cual se establece la metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto,

alcantarillado y aseo.

Decreto 057 de 2006, por el cual se establecen unas reglas para la aplicación del factor de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Decreto 3518 de 2006, por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Ley 505 de 1999, por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se refieren las

Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996.

Ley 632 de 2000, por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.

Ley 689 de 2001, por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.

Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Ley 732 de 2002, por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado.

Ley 1176 de 2007, por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.




DOI: http://dx.doi.org/10.22431/25005227.351

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